Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: La Sala confirma la sentencia que desestimó la demanda en reclamación por acoso laboral, rechazando las revisión de los hechos por falta de relevancia, pretender reinterpretar la prueba, razonando que el Ayuntamiento demandado, tanto cuando ha controlado el horario de trabajo del actor pidiéndole que acredite sus ausencias, cuando ha repartido entre otros trabajadores de la plantilla el trabajo de una trabajadora ausente, cuando ha sancionado al actor por una falta leve o cuando se ha tratado el tema del teletrabajo, se ha limitado a ejercer sus funciones de dirección y control de la actividad laboral del actor como trabajador del mismo, recibiendo el mismo trato que el resto de trabajadores. No constan hechos probados a esta Sala que permita llegar a una conclusión diferente en relación con ninguna de estas cuestiones. Igualmente se concluye por la magistrada en la instancia que ha resultado acreditado que el actor ha venido desempeñando con normalidad y sin limitación alguna las funciones propias de su categoría profesional, que no se han visto suprimidas, ni reducidas por la parte demandada. En relación con los medios materiales, programas informáticos necesarios para el desarrollo de las funciones del actor, no consta que la Sra. Alcaldesa ordenase al actor desinstalar dichos programas, sino que por el contrario, fue el actor quien los retiró tras no aceptar el Ayuntamiento demandado la compra al actor de dichas licencias por el precio de 4.500 euros.
